La Reforma de la Ley Organica del Trabajo

Aurelio Concheso, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de Fedecámaras, dice que la instancia presentará propuestas sobre cada uno de esos temas, pero cree que la prioridad es otra: buscar instrumentos que protejan el ahorro de los trabajadores de la inflación. "La reforma laboral debe centrarse en preservar el valor de las prestaciones sociales", dijo.

Agrega que hay razones de peso para que el gobierno del presidente Hugo Chávez, que cumplirá 13 años mañana, no haya logrado poner sobre la mesa un método de cálculo de las prestaciones distinto al que se implementó en la reforma laboral de 1997.

−−¿Cuáles son las razones? −−El Gobierno tiene dos problemas. El primero es que no pagó a sus empleados lo correspondiente al tránsito del sistema anterior al actual y tiene una deuda importante por eso. El segundo es que mientras haya una inflación galopante cualquier método que se plantee no preservará el ahorro de los trabajadores.

Son problemas distintos pero interconectados, porque reflejan que el Gobierno expropia las prestaciones de los trabajadores con su política económica.

−−¿Es posible volver a la retroactividad de las prestaciones sociales? −−Hay una promesa, plasmada en una disposición transitoria de la Carta Magna, de retomar las prestaciones sociales retroactivas. Pero es algo etéreo, que no dice nada al momento de llevarlo a una fórmula. Por otro lado, el Gobierno sabe que cualquier modificación le generará un problema fiscal.

−−¿Por qué? −−Primero porque debe pagar los costos de transición de la reforma de 1997, lo que hasta ahora no ha hecho. Segundo porque, como ahora emplea a muchas más personas que hace 14 años, el cambio tendrá un impacto en la nómina estatal. Me imagino que el Ministerio de Planificación y Finanzas está analizando esas cosas y tal vez por eso no hay ningún planteamiento concreto que en el sector privado podamos analizar. Estamos listos para hacerlo.

−−¿Cuánto le debe el Gobierno a los empleados públicos? −−El Gobierno tiene una deuda por esa transición y por otros conceptos que va casi por 40 millardos de bolívares.

El presidente Chávez dijo que emitirá unos petrobonos en bolívares a una tasa de interés de fórmula. Por otro lado, el Gobierno sabe que cualquier modificación le generará un problema fiscal.

−−¿Por qué? −−Primero porque debe pagar los costos de transición de la reforma de 1997, lo que hasta ahora no ha hecho. Segundo porque, como ahora emplea a muchas más personas que hace 14 años, el cambio tendrá un impacto en la nómina estatal. Me imagino que el Ministerio de Planificación y Finanzas está analizando esas cosas y tal vez por eso no hay ningún planteamiento concreto que en el sector privado podamos analizar. Estamos listos para hacerlo.

−−¿Cuánto le debe el Gobierno a los empleados públicos? −−El Gobierno tiene una deuda por esa transición y por otros conceptos que va casi por 40 millardos de bolívares.

El presidente Chávez dijo que emitirá unos petrobonos en bolívares a una tasa de interés de 17%. Eso es expropiarle la mitad de las prestaciones sociales porque la inflación anual es 27% y lo que sucederá, si los trabajadores públicos permiten que les paguen así, es que el valor de los bonos que recibirán será la mitad del valor facial.

−−¿Hay otra opción para cancelar ese pasivo? −−Podrían pagarle, por ejemplo, con bonos en dólares. Obviamente no lo van hacer. Pero hay otro tipo de instrumentos que el Gobierno pudiera utilizar para eso y que los trabajadores públicos deberían exigir, como los títulos de interés y capital cubierto. Son bonos a prueba de inflación, porque su valor aumenta si hay devaluación. Eso sería un primer paso hacia una solución que preserve el ahorro de los trabajadores.

−−¿Por qué se objeta el método de cálculo actual? −−Este sistema no ha sido negativo porque duplicó el monto de las prestaciones de uno a dos meses y permitió que las empresas supieran exactamente cuál es su pasivo. Pero hay un problema: debía complementarse con un sistema de pensiones. El que se había aprobado fue descartado por el Gobierno en 1999, prometiendo que desarrollaría otro, pero estamos en 2012 y no ha hecho nada al respecto. Pretender que el sistema de prestaciones de antigüedad sustituya al de pensiones es un grave error.

cómo lo cambiará ni atacar el fondo del problema, que es la expropiación de las prestaciones de los trabajadores si el pago no se hace con un vehículo a prueba de inflación.

Creo que la discusión debe centrarse en buscar instrumentos de ahorro que brinden tasas reales positivas, en lograr que los fideicomisos tengan un rendimiento anual que garantice que las prestaciones no serán mermadas por la inflación.

−−¿Es posible? −−No va a ser fácil. Porque no es cierto que con alta inflación todos pierden y nadie gana. Cuando hay alta inflación pierden los ahorristas y los pensionados, pero ganan aquellos que están endeudados porque pagan intereses por debajo de la inflación. ¿Y quién es el gran endeudado de este país? El Gobierno.

−−Antonio Espinoza, asesor de la comisión presidencial que redacta la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, habla de dejar los 60 días del régimen actual como un beneficio adquirido y pagar prestaciones retroactivas.

¿Están de acuerdo? −−Entiendo que Espinoza está tratando de poner algunas ideas sobre el tapete para ver si alguien las recoge, pero mientras no haya algo mucho más concreto no hay como comparar lo que ellos dicen que harán con lo que existe ahora, que son unos artículos de la Ley Orgánica del Trabajo. No hay un articulado alternativo.

En cuanto lo haya, compararemos y diremos cuáles son los beneficios y los perjuicios de cada una de las alternativas.

−−¿El sector privado propone mantener el régimen actual? −−Hasta que no se plantee algo alternativo que podamos estudiar y decir si es mejor o peor, lo más prudente es mantenerse en el sistema actual y centrar la discusión en buscar instrumentos de ahorro que permitan a los trabajadores preservar el valor de sus prestaciones sociales.

−−¿Qué opinan de reducir la jornada de trabajo? −−Hay que tener cuidado porque la economía ha cambiado. Hay empresas de operación continua. Si limitas la jornada a 7 horas diarias y no permites horas extras, ¿cómo cubres 24 horas? Creo que, si hay una modificación, debe ser lo más amplia y flexible posible para permitir que las distintas formas de trabajo puedan adaptarse.

−−¿Y sobre la eliminación de la tercerización? −−Hay temas que tienden a ser satanizados al tratarlos de una forma ideológica en vez de práctica. Quienes critican la tercerización tienen razón cuando ésta se hace para eludir el cumplimiento de leyes laborales. Pero la subcontratación de empresas para encargarse de partes específicas del negocio es una práctica que permite mayor flexibilidad, eficiencia y productividad.

−−Además de las observaciones a los temas planteados por el Gobierno, ¿los empresarios tienen alguna propuesta? −−Hay un tema de gran preocupación, que es la inamovilidad laboral, porque atenta contra la productividad. Ha habido planteamientos, creo que de Fedeindustria, para sustituirla por estabilidad numérica. En lo personal tampoco estoy de acuerdo.

Porque si una empresa es exitosa y está creciendo no necesita estabilidad numérica. Pero si tiene problemas y debe reducirse, la estabilidad puede llevarla a la quiebra y perjudicar a todos los trabajadores.

−−¿No hay la posibilidad de calificar el despido ante la Inspectoría del Trabajo? −−La realidad es que no se puede. Porque cuando una empresa trata de calificar el despido en una inspectoría, ésta tiene orden de no decidir
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ALEJANDRO HINDS
AHINDS@EL­NACIONAL.COM